Introducción

La pandemia por COVID-19 profundizó desigualdades históricas en el conurbano bonaerense, especialmente entre mujeres migrantes que enfrentan limitaciones en el acceso a derechos, documentación, redes institucionales y recursos digitales. En este contexto, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se convirtieron en herramientas centrales tanto para la gestión estatal como para las redes comunitarias que sostuvieron cuidados, asistencia y acompañamientos ante situaciones de violencia.

La plataformización atravesó tanto la institucionalidad estatal multinivel —líneas 0800, grupos de WhatsApp, dispositivos híbridos, aplicaciones móviles— como la organización comunitaria —ferias, redes barriales, puntos violetas—, produciendo nuevas formas de subjetivación, agencia y cuidado colectivo.

Sin embargo, este proceso expuso tensiones vinculadas con las brechas digitales, la desatención estructural de la población migrante en las políticas locales y la persistencia de formas de exclusión basadas en la identidad, la documentación y el acceso diferenciado a la conectividad.

La literatura reciente sobre políticas sociales y migración en Argentina coincide en señalar un patrón persistente: aunque las y los migrantes constituyen un componente central en la construcción histórica, demográfica y económica del conurbano, su presencia suele ser débilmente considerada en el diseño de políticas públicas. Este vacío se expresó con claridad durante la pandemia (Nicolao, 2020; Fernández, 2024).

Nuestra primera hipótesis sostiene que en los municipios del conurbano bonaerense, la migración no constituye un área autónoma de política pública, sino que aparece diluida en áreas como género, desarrollo social o cultura. Esta estructura institucional limita la capacidad de diseñar estrategias específicas y condiciona el modo en que la población migrante accede a derechos y dispositivos de asistencia, especialmente en contextos de crisis.

Como segunda hipótesis, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) se produjo un viraje en torno a la apropiación y uso de las TIC por parte de los distintos niveles de gestión estatal, con el objetivo de sostener la continuidad institucional y la atención ciudadana. Este viraje incluyó la implementación de líneas 0800, grupos masivos de WhatsApp, botones antipánico, aplicaciones móviles y plataformas virtuales, así como la articulación con redes comunitarias para sostener la educación, la salud y la asistencia social. Si bien se logró sostener la continuidad institucional, también se reprodujeron desigualdades ya existentes. Las mujeres migrantes se encontraron entre los sectores que más necesitaron estos dispositivos —y a la vez entre los que enfrentaron mayores obstáculos— debido a problemas de conectividad, costos, alfabetización digital y documentación.

La intervención estatal en diferentes escalas territoriales adquiere relevancia en tanto que sus modos de hacer y de nombrar visibilizan e invisibilizan problemáticas y actores, construyendo modos de (auto)percepción individual y colectiva que pueden vulnerar derechos y producir ciudadanías excluyentes. En este sentido, la producción textual y audiovisual que circula desde redes virtuales y páginas web municipales resultó especialmente significativa en el contexto de la pandemia. Al mismo tiempo, los usos, sentidos y apropiaciones de las tecnologías digitales por parte de la población favorecieron procesos de organización social, sociabilidades diversas y acceso a información vinculada con protecciones y seguridad social. Más ampliamente, las TIC operaron como un soporte de continuidad relacional e institucional que evitó que el aislamiento derivara en una desconexión total. Sin embargo, se trató de un soporte desigual y precario, particularmente para mujeres migrantes cuya situación de vulnerabilidad se intensificó durante la pandemia.

El objetivo de este artículo es analizar cómo los municipios de La Matanza y Moreno, situados en el conurbano bonaerense, implementaron estrategias y dispositivos de asistencia, inclusión y participación de la población migrante durante la pandemia, con especial atención al papel de las TIC como mediadoras de la gestión estatal, las redes comunitarias y las experiencias de mujeres migrantes.

Género y migración: aportes para un enfoque crítico

Entendemos que las personas migrantes internacionales constituyen un colectivo bivalente en términos de Fraser (2000), dado que experimentan simultáneamente un acceso limitado a los derechos sociales y diversas formas de discriminación —y no solamente de “no reconocimiento”— cultural. Ninguna de estas dimensiones es un efecto derivado de la otra: ambas son primarias y co-originales, lo que exige abordajes integrales que articulen políticas redistributivas y de reconocimiento. Estas injusticias se inscriben en lo que Tilly (2000) denomina desigualdades persistentes, reproducidas históricamente mediante distinciones categoriales bien definidas —como negro/blanco, varón/mujer, ciudadano/extranjero o niño/adulto—, cuya vigencia estructura las posiciones sociales y las oportunidades de acceso a derechos. Desde esta perspectiva, resulta fundamental analizar cómo diversos ejes de desigualdad y dominación se superponen y operan de manera simultánea en las trayectorias de las personas migrantes, en línea con los desarrollos de la teoría interseccional (Crenshaw, 1991; Nash, 2008). Desde esta perspectiva —que entiende las desigualdades de género en diálogo con clase, origen nacional, etnicidad y otros marcadores sociales—, estas intervenciones resultan fundamentales para visibilizar cómo las políticas públicas y los dispositivos institucionales impactan en la vida cotidiana de las mujeres migrantes en diferentes contextos (Gregorio Gil, 2004). Las mujeres migrantes se encuentran con frecuencia en la intersección de múltiples desigualdades: por su género, su pertenencia étnico-cultural, su situación documentaria y, en muchos casos, por su ubicación en sectores socioeconómicos precarizados. Estas intersecciones configuran barreras específicas para el acceso a distintos servicios y derechos, tanto en términos materiales —dificultades económicas, empleos informales, costos de trámites o falta de documentación— como simbólicos —racismo estructural, discriminación, desconocimiento institucional de prácticas culturales diversas o formas sutiles de violencia burocrática.

En las últimas décadas, la literatura ha abordado de manera sostenida la relación entre políticas públicas, género y migración, señalando que las políticas migratorias suelen omitir la dimensión de género o reproducir enfoques que invisibilizan la agencia de mujeres y disidencias (Melella & Perret, 2021). Desde el derecho internacional y los estudios sociales se advierte que las experiencias migratorias femeninas presentan especificidades que requieren respuestas diferenciadas, en tanto las mujeres enfrentan formas de vulnerabilidad entrecruzadas vinculadas al género, la condición migratoria y la clase social (Palacios Valencia, 2016).

El estado del arte muestra que hasta la década de 1980 las mujeres estuvieron prácticamente ausentes de los estudios migratorios, situación que comenzó a revertirse con el incremento de su participación en los flujos internacionales y la noción de “feminización de las migraciones” (Sassen, 2003; Bastia 2009). Los aportes del feminismo permitieron cuestionar los enfoques androcéntricos, destacándose investigaciones pioneras sobre trabajo, cuidados y trayectorias migratorias (Morokvasić, 1984; Menjívar, 1999; Parella, 2003). En América del Sur, estos debates se ampliaron hacia el análisis de maternidades transnacionales, inserciones laborales y representaciones sociales en articulación con las políticas públicas (Tapia, 2011; Rosas y Gayet, 2019).

Desde el plano metodológico, predomina el uso de enfoques interseccionales y análisis situados que articulan género, clase y condición migratoria, integrando perspectivas feministas, poscoloniales y decoloniales (Mallimaci, 2012; Magliano, 2015). Este enfoque permite comprender el carácter relacional del género a lo largo de las trayectorias migratorias y su centralidad en la organización contemporánea de las migraciones (González, 2012; Rosas, 2012). Asimismo, diversos estudios subrayan el papel de las TIC en la reconfiguración de las experiencias migratorias, especialmente en la gestión transnacional de los cuidados, aunque advierten sobre las tensiones y ambivalencias del cuidado mediado digitalmente (Pedone, 2005; Peñaranda Cólera, 2010).

Metodología

A lo largo de los últimos años, se ha trabajado de manera articulada con asociaciones de migrantes orientadas a la defensa de derechos, en especial de mujeres migrantes, promoviendo acciones de formación, investigación y extensión. Una de las experiencias más significativas es el proyecto “Migraciones y desigualdades en La Matanza” (CONICET), que abordó desde un enfoque interseccional las desigualdades que enfrenta la población migrante en este municipio bonaerense, con énfasis en la relación entre institucionalidad estatal, representaciones sociales y dinámicas territoriales. En este marco, se priorizó una doble escala de análisis —municipal y barrial— y tres dimensiones centrales: territorio, institucionalidad y representaciones.

De forma complementaria, los estudios realizados en el marco del proyecto de investigación acción participativa “Vivir en la periferia: género, movilidad y cuidados” (Universidad Nacional de General Sarmiento-UNGS, 2020-2024) y del proyecto de vinculación tecnológica y social “Cuerpos, casas, calles y plazas: mujeres y diversidades constructoras de hábitat” (Asociación Civil Madre Tierra y UNGS-, 2023) permitieron profundizar en la articulación entre género, movilidad y producción del hábitat en Moreno. Estos trabajos aportan evidencia sobre las desigualdades en el acceso a servicios, la organización comunitaria como respuesta a la precariedad y el papel central de las mujeres migrantes en las dinámicas de cuidado y sostenibilidad cotidiana.

Finalmente, la participación sostenida en la Diplomatura en Género, Políticas y Participación desde 2018 ha contribuido a fortalecer una perspectiva interseccional en el análisis, integrando las dimensiones de género, migración y desigualdad territorial como ejes transversales para comprender los procesos estudiados.

Desde el enfoque de investigación aplicada, se participó en la elaboración de la Encuesta Nacional Migrante -ENMA- (Penchaszadeh, et. al, 2023) y en la redacción del Informe diagnóstico sobre las condiciones de vida y acceso a derechos de la población migrante en la Provincia de Buenos Aires (Nicolao, e.al., 2024), con apoyo del Programa IMPACTAR (MINCyT), CONICET y organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

A partir del trabajo de campo realizado en los proyectos mencionados, se definió como estrategia analítica focalizar en dos partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires con alta concentración de migrantes internacionales: La Matanza y Moreno. Esta selección permitió observar de manera comparada las particularidades territoriales y las configuraciones institucionales que condicionan las experiencias de las mujeres migrantes en dichos contextos.

Con el objetivo de avanzar sobre las hipótesis planteadas, se diseñó una metodología cualitativa basada en el análisis de contenido de fuentes secundarias y en entrevistas en profundidad con informantes clave. Se estudiaron las páginas web y redes sociales de los municipios seleccionados durante 2020 y parte de 2021, concebidas como medios de comunicación y espacios discursivos estatales que reflejan concepciones y representaciones de la sociedad en la que se producen. El análisis se centró en la identificación y comunicación de programas y políticas públicas dirigidas a personas migrantes, así como en la revisión de los discursos y representaciones institucionales sobre diversidad migratoria, cultural y de género, considerando las formas en que se promueven conceptos como inclusión, pluralismo y reconocimiento (Melella & Perret, 2021).

Se analizó la articulación interinstitucional y la transversalidad de los ejes migratorios en distintas áreas municipales, incluyendo desarrollo social, género, cultura y educación, así como a los mecanismos implementados para abordar situaciones de vulnerabilidad, tales como el acceso a derechos, la atención en casos de violencia de género, y la cobertura educativa y sanitaria. Otro eje de análisis fue el uso de las TIC, evaluando cómo plataformas digitales y herramientas de mensajería fueron utilizadas para la comunicación institucional, la difusión de información y la organización comunitaria. Se consideró la forma en que las comunidades migrantes y las organizaciones de base se apropiaron de estos recursos institucionales y tecnológicos, generando redes de apoyo, participación social y actividades culturales.

Paralelamente, se realizaron entrevistas a través de plataformas digitales con referentes de grupos migrantes y funcionarias municipales, con el propósito de relevar sus percepciones sobre los programas y políticas estatales, así como los desafíos y oportunidades presentes en el contexto de pandemia.

Perfil sociodemográfico y desigualdades de acceso en La Matanza y Moreno

La provincia de Buenos Aires constituye el principal destino de la migración internacional en Argentina. De acuerdo con la ENMA (2023), concentra el 42,5% de la población migrante del país, mientras que el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2022 registró 1.336.205 personas nacidas en el extranjero, lo que representa alrededor del 8% de la población provincial. Las principales nacionalidades son la paraguaya (37,6%), boliviana (23,4%) y peruana (10,1%), a las que se suman colectivos más recientes como el venezolano (7,5%) y el dominicano, junto con comunidades históricas como la chilena e italiana. La composición por género muestra una marcada feminización en los grupos paraguayo, boliviano y peruano, asociada a la inserción laboral en tareas de cuidado, trabajo doméstico y textil. En cuanto a la estructura etaria, predomina la población en edad laboral (20 a 49 años), con baja representación de personas mayores.

Específicamente en el AMBA se concentra la gran mayoría de esta población migrante, en especial en los partidos del primer y segundo cordón del conurbano de Buenos Aires. Según el Informe PBA (2024) se observan desigualdades significativas en el acceso a derechos: el 38% de los hogares migrantes enfrenta problemas de hacinamiento habitacional, mientras que un 24% reporta dificultades en el acceso al sistema de salud. Asimismo, la brecha digital se expresó con fuerza durante la pandemia, afectando el acceso a la educación a distancia y a programas estatales en línea.

El municipio de La Matanza constituye el territorio con mayor concentración absoluta de población migrante de la provincia. El partido concentra áreas de expansión urbana reciente donde se expresan con fuerza las desigualdades estructurales propias de las denominadas zonas de “ciudadanía de baja intensidad" (O´Donnell, 1993) caracterizadas por el limitado acceso a derechos. La distancia respecto de las centralidades consolidadas y la presencia de múltiples formas de informalidad limitan el acceso pleno a servicios y equipamientos urbanos, observando micro-centralidades emergentes que organizan la vida cotidiana como zonas atravesadas por relegamiento institucional y profundas desigualdades socioespaciales (Matossian y Abal, 2019). El Censo 2022 contabilizó 184.287 personas nacidas en el extranjero (12% de la población local). Se destacan principalmente las colectividades paraguaya (44%), boliviana (27%) y peruana (11%), a las que se suman comunidades más pequeñas como senegaleses, dominicanos y venezolanos/as. El perfil demográfico muestra una mayoría de mujeres en edad laboral, insertas en sectores como el trabajo doméstico, el empleo textil y las tareas de cuidado.

Con características similares, el municipio de Moreno registró en el Censo 2022 un total de 53.421 personas nacidas en el extranjero (9% de su población). La población migrante está conformada principalmente por paraguayos/as (41%), bolivianos/as (26%) y peruanos/as (10%), con un perfil demográfico relativamente joven y una tasa de inserción laboral mayormente informal o por cuenta propia —como sugiere la tendencia general provincial. A diferencia de La Matanza, en Moreno el Informe PBA (2024), muestra un acceso relativamente mayor a ciertos servicios, como los de salud pública, aunque persisten brechas significativas en el acceso a la justicia y en la regularización documental, replicando la denominada ciudadanía de baja intensidad. No obstante, es un municipio atravesado por un acelerado proceso de urbanización producto de la creación de asentamientos y barrios populares. Esto se vincula con una provisión de servicios de agua y cloacas deficiente (que no llega a cubrir al 50 % de la población) y cuya distribución es muy desigual. Cabe destacar el papel de las mujeres migrantes en redes de cuidado comunitario y en experiencias autogestivas surgidas durante la pandemia. En este municipio, los llamados “puntos violetas” se constituyeron en dispositivos barriales de conectividad y acceso a programas de género, prevención de la violencia por cuestiones de género y acompañamiento comunitario.

Tanto en La Matanza como en Moreno, en la ENMA y las investigaciones recientes de las que participamos, se evidenciaron elevados niveles de precariedad habitacional y laboral, situación que impactó fuertemente durante la pandemia: numerosas mujeres migrantes quedaron excluidas de programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) por dificultades con la documentación o por los requisitos de residencia que se exigía^[1]. También se identificaron barreras adicionales vinculadas con información poco clara o no disponible en otros idiomas y dificultades en el acceso a trámites digitales (conectividad, dispositivos, alfabetización digital).

Brechas de género, cargas de cuidado y violencias en poblaciones migrantes

Los datos de la ENMA (2023) para la Provincia de Buenos Aires muestran que el 26,3 % de las personas migrantes convive con una pareja nacida en Argentina y un 35,6 % con otra persona migrante, mientras que el 76 % declara tener descendencia. No obstante, el análisis por género evidencia desigualdades significativas en las responsabilidades de cuidado: el 27,6 % de las mujeres migrantes se encuentra sin pareja y al cuidado exclusivo de sus hijos o hijas, frente al 10 % de los varones en la misma situación. Este desequilibrio constituye un elemento central para la formulación de políticas públicas orientadas a facilitar la inserción laboral femenina, compensando las cargas desproporcionadas de cuidado.

Casi la mitad de la población encuestada (49,9 %) reporta haber sufrido discriminación por su condición migratoria, siendo más afectadas las personas procedentes de países extra-MERCOSUR no europeos y del MERCOSUR, mientras que quienes provienen de Europa presentan índices significativamente menores. A nivel nacional, las más afectadas son personas originarias de Chile, Brasil, Colombia, Perú y Bolivia, donde el factor étnico opera como elemento subyacente de exclusión. La vía pública se señala como el ámbito de mayor incidencia de discriminación, seguida del trabajo, transporte público, grupos sociales, oficinas estatales y, en último lugar, entornos educativos.

En relación con la violencia basada en género (VBG), el 17,9 % de las mujeres migrantes admite haberla sufrido, el 74,2 % la niega y un 7,8 % prefiere no responder. El rango etario de 35 a 54 años presenta el porcentaje más alto (22,7 %), seguido del de 18 a 34 años (22,1 %), en contraste con el 6 % en mujeres mayores de 55 años. Por nacionalidad, las tasas más elevadas se registran entre migrantes de Colombia, Perú y Bolivia, mientras que las originarias de Europa muestran valores significativamente menores.

A nivel institucional, el contexto reciente posterior a la Pandemia en la Provincia de Buenos Aires —la reducción a subsecretaría del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la fusión de los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación y el cierre de medios de comunicación o páginas web, junto con reformas como la Ley Ómnibus que afectan la Ley Micaela y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo— evidencia un proceso de desarticulación de las políticas públicas destinadas a la igualdad de género (Hoyos y Martínez, 2024).

Narrativas de inclusión y limitaciones estructurales en la gestión local de la migración en Pandemia

Desde un plano discursivo, los municipios sostienen narrativas de inclusión, respeto por la diversidad, integración y pluralismo, especialmente visibles en sus sitios web institucionales. En La Matanza, la temática migratoria se articula principalmente desde la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Relaciones con las Colectividades, y se integra transversalmente en áreas como Mujeres, Políticas de Género y Diversidades, Cultura, Educación y Deportes. Entre las acciones de divulgación se destacaron las impulsadas por la Secretaría de Cultura y Educación, como las actividades virtuales del 12 de octubre (Día por el Respeto a la Diversidad Cultural), que incluyeron un conversatorio sobre culturas afro e indoamericanas con referentes, artistas y especialistas en ciencias sociales.

En el caso de Moreno, se observa una perspectiva más instrumental del abordaje migratorio, centrada en el Programa Migraciones, orientado al asesoramiento administrativo y la obtención de documentación. De manera más esporádica, se incorporan discursos de inclusión a través de actividades como el Día del Inmigrante y acciones conjuntas con la Oficina Migratoria local, dependiente de la Dirección Nacional de Migraciones.

La pandemia constituyó un punto de inflexión que reveló deudas estructurales preexistentes. A pesar de los discursos oficiales de inclusión, emergieron dificultades concretas que exigieron estrategias diferenciadas para afrontar los desafíos asociados al ASPO. En el período del confinamiento más estricto (entre el 19 de marzo y el 9 de noviembre de 2020), los municipios articularon políticas estatales más amplias, tales como el IFE, la Tarjeta Alimentar y el programa El Estado en tu Barrio. El IFE operó como transferencia de emergencia para hogares con inserciones laborales informales; la Tarjeta Alimentar, implementada desde enero de 2020, aportó asistencia alimentaria vinculada a las bases de ANSES; y El Estado en tu Barrio constituyó un dispositivo territorial clave para acercar servicios de salud, documentación y asistencia social.

En este contexto, cobraron centralidad los obstáculos vinculados al acceso a documentación, especialmente entre personas migrantes que no cumplían con los dos años de residencia requeridos. Fallas en el sistema RADEX y limitaciones administrativas dificultaron la realización de trámites esenciales. Las mujeres migrantes fueron particularmente afectadas, ya que la falta de un DNI vigente restringió su acceso al IFE, al empleo y a servicios de salud. Según entrevistas a una ONG de La Matanza (2020), la pandemia profundizó barreras burocráticas que impedían obtener o renovar el DNI incluso cuando se cumplían los requisitos legales. El cierre de fronteras, además, generó situaciones de varamiento y una ausencia de dispositivos de protección adecuados para migrantes y personas refugiadas.

En ambos municipios, el análisis de entrevistas a funcionarias, referentes culturales y organizaciones de base, complementado con datos de la ENMA, permitió identificar problemáticas estructurales que se agudizaron durante la crisis sanitaria: déficit habitacional, ausentismo escolar, restricciones a la movilidad y dificultades para acceder a derechos básicos en ausencia de documentación. La exigencia del DNI para acceder al IFE se constituyó en un obstáculo determinante para quienes tenían menos de dos años de residencia, limitando aún más su integración social en un contexto de excepcionalidad.

La falta de respuesta del poder judicial ante situaciones de violencia de género se acentuó durante el aislamiento, incrementando la dependencia de recursos comunitarios y redes informales (Entrevista a funcionaria de Moreno, 2023). Las condiciones de hacinamiento, la precarización laboral —particularmente en el trabajo doméstico y textil— y la ausencia de cobertura social evidenciaron la feminización de la vulnerabilidad. Paralelamente, la falta de conectividad y de recursos tecnológicos profundizó las brechas en el acceso a la educación, la salud y los programas estatales (Entrevista a referente de La Matanza, 2024).

Estas dificultades se articularon con un reconocimiento cultural limitado de las comunidades migrantes, frecuentemente abordadas desde miradas paternalistas o folklorizantes que las representan como beneficiarias pasivas y no como actores sociales activos (Entrevista a funcionaria municipal de La Matanza, 2020). Tal como señaló una entrevistada, estas representaciones reproducen prácticas de “protección” e infantilización que obstaculizan una perspectiva intercultural orientada a enfrentar desigualdades estructurales, entre ella, la desigualdad económica.

Finalmente, el cierre de consulados y las fallas en organismos como RENAPER o en el sistema de turnos de Mi Argentina agravaron las dificultades para obtener o renovar documentación. Las restricciones de movilidad limitaron aún más la posibilidad de completar trámites en otros municipios o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este escenario, problemáticas de género y violencia quedaron relegadas la agenda pública, pese a su persistencia cotidiana en los territorios.

Estrategias locales de gestión y acompañamiento a mujeres migrantes en el contexto de la pandemia

Este apartado examina las estrategias desarrolladas por los municipios para acompañar a la población migrante durante la pandemia por COVID-19, con especial atención a las experiencias y desigualdades que atravesaron las mujeres migrantes. El contexto de emergencia sanitaria expuso y profundizó problemas estructurales —barreras documentarias, precariedad habitacional y laboral, sobrecarga de cuidados y dificultades de acceso a políticas sociales— que exigieron respuestas rápidas y adaptaciones institucionales.

Se analizan las distintas formas de estrategias de gestión local y los mecanismos comunitarios que permitieron sostener la atención en un escenario marcado por restricciones de movilidad, cierre de oficinas públicas y creciente demanda social. El contraste entre ambos municipios evidencia cómo ciertas herramientas —como dispositivos virtuales, redes comunitarias o articulaciones con organismos nacionales— se transformaron en componentes centrales del acompañamiento estatal y de la continuidad de derechos durante el ASPO. Sin embargo, también mostró, como veremos a continuación, cierta ambivalencia cuando focalizamos en las mujeres migrantes y desigualdades previas que se acentuaron y reconfiguraron con el uso de la tecnología.

La Matanza: 0800

En La Matanza, la institucionalidad local en materia de género experimentó transformaciones significativas durante los últimos años. Si bien antes de 2021 existían políticas vinculadas al área —ubicadas como una coordinación dentro de la Secretaría de Desarrollo Social— la creación de la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades implicó un cambio de jerarquía y de alcance. La nueva estructura organizacional incorporó diversas direcciones especializadas, entre ellas Violencia por Razones de Género, Acceso a la Justicia, Actualización de Conocimientos, Comunicación, el Refugio Municipal y la Dirección de Protección de Derechos.

Esta última se ocupa de problemáticas que requieren intervenciones más prolongadas y complejas, como inscripciones tardías de identidad, acompañamientos en el marco de la Ley Brisa (27.452) -que provee reparación económica para menores de edad víctimas de violencia- y de situaciones de violencia con múltiples dimensiones o articulaciones judiciales vinculadas al ejercicio de derechos. En este sentido, una parte significativa del trabajo se orienta a mujeres migrantes, para quienes el acceso a la identidad y la regularización documentaria aparecieron como dimensiones críticas. Tal como señala una funcionaria del municipio respecto de las mujeres migrantes: “a veces las compañeras llegan sin DNI, con una precaria vencida o incluso con una orden de expulsión; entonces el primer trabajo es garantizar el acceso a la identidad para que puedan ejercer los derechos que les corresponden” (Entrevista a funcionaria de La Matanza 2, 2023). Estas dificultades se agravan cuando las mujeres atraviesan situaciones de violencia de género y dependen de documentación para acceder a beneficios sociales, dispositivos de protección o asistencia económica.

La Secretaría configuró un entramado de políticas locales que abordan interseccionalmente género, migración, identidad y acceso a derechos, articulando dispositivos presenciales y remotos en un territorio amplio, diverso y con alta presencia de comunidades migrantes —principalmente paraguaya, boliviana y peruana, además de mujeres venezolanas, chilenas y afrodescendientes— con trayectorias marcadas por informalidad laboral y vulnerabilidades múltiples. Las problemáticas más recurrentes remitieron al acceso a la identidad y a la regularización documentaria, particularmente complejas cuando las mujeres atraviesan situaciones de violencia, arriban sin documentación, poseen permisos vencidos o incluso órdenes de expulsión. Asimismo, se identificaron dificultades vinculadas al retorno al país de origen, especialmente cuando existen niños y niñas argentinas cuyo egreso requiere autorización judicial. La intervención articulada con defensorías y juzgados de familia resulta entonces central, aunque persisten tensiones entre los tiempos administrativos y la urgencia de las situaciones.

La creación de la línea telefónica 0800, disponible las 24 horas, constituyó una de las primeras estrategias institucionales y funcionó como principal puerta de entrada para la población. En ese período también se consolidó el uso de WhatsApp y comunicaciones digitales para el seguimiento de casos, prácticas que se mantienen en el período post pandémico por su eficacia para sostener el acompañamiento a distancia. Tal como describe la entrevistada, la pandemia “generó una incorporación de tecnología que pospandemia seguimos manteniendo, porque realmente dio buenos resultados (Entrevista a funcionaria La Matanza 2, 2023).

La Secretaría articula en la actualidad con organizaciones de la sociedad civil y clubes barriales —incluida la reciente Coordinación de Deporte y Género— en iniciativas de promoción comunitaria como justicia menstrual, talleres preventivos y espacios terapéuticos. Las Mesas Locales para la Erradicación de la Violencia de Género, que durante la pandemia funcionaron de manera virtual, hoy se desarrollan presencialmente en distintas sedes comunitarias y continúan siendo ámbitos de detección, derivación y articulación interinstitucional. Para situaciones especialmente complejas, se sostienen mesas técnicas virtuales, lo que refuerza una modalidad híbrida que combina territorialidad y herramientas digitales.

Moreno: Puntos Violeta

En Moreno, la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad opera como un organismo de nivel secretarial del cual se desprenden diversas direcciones especializadas. Entre ellas se encuentra la Dirección de Asistencia y Acompañamiento a Víctimas en Situaciones de Violencia por Razones de Género, así como áreas vinculadas al trabajo territorial y al acceso a la justicia. La estructura institucional es relativamente reciente y está en proceso de consolidación. Asimismo, la Secretaría cuenta con el Programa PAN, que comprende la Dirección de Masculinidades y la Dirección de Fortalecimiento, entre otras áreas específicas, lo que configura una red de intervención orientada a abordar las desigualdades de género desde una perspectiva integral.

Desde la Secretaría de Género del municipio de Moreno se desarrollaron los Puntos Violeta, una política municipal descentralizada para la promoción de derechos y el acompañamiento de mujeres y diversidades afectadas por violencias por motivos de género. Los Puntos Violeta funcionan en diferentes espacios territoriales que pueden ser estatales o comunitarios. Allí las promotoras territoriales en género y diversidades, capacitadas para tal fin, realizan una primera escucha y acompañan en el diseño de estrategias que protejan y colaboren con la salida de la situación de violencia que se esté sufriendo. Estos dispositivos de atención están distribuidos en diferentes barrios y localidades y se complementan con los espacios de atención centralizada ubicados en la cabecera del distrito. La política de los Puntos Violeta reconoce y jerarquiza el rol estratégico que cumplen las mujeres de los espacios comunitarios para la organización de los modos de acompañamiento, del asesoramiento y de la complejidad que conlleva el abordaje de las violencias por razones de género.

Los Puntos Violeta, en tanto que política pública municipal, tienen un antecedente inmediato anterior en la localidad de Cuartel V, barrio con déficit habitacional y múltiples carencias estructurales. En 2014 mujeres pertenecientes a diversas organizaciones de la localidad se reunieron para pensar el problema de la violencia de género. Uno de los primeros registros fue la presencia territorial de estas violencias, el modo en el que se inscriben en la dinámica cotidiana y el silencio tanto de las víctimas, como de otros vecinos y vecinas, sobre este problema. Para ellas era importante instalar una alerta en el territorio.

Durante el año 2020, en pleno contexto de pandemia, el Consejo Deliberante de Moreno aprobó la creación de la figura de Promotoras/es Territoriales de Género y Diversidad bajo la ordenanza 6362/20. Durante ese mismo año comenzaron a funcionar los Puntos Violeta en diferentes espacios comunitarios y centros de salud. Allí las promotoras cumplen el rol de promover derechos, asesorar a las vecinas y articular con otros espacios vinculados a la atención de la violencia de género. Hacia fines del año 2023 existían 56 Puntos Violeta distribuidos en todo el municipio (en la actualidad se siguen ampliando). Se constituyeron en una política del estado municipal que recupera y se asienta en experiencia de organización territorial preexistente. Su institucionalización permitió extender el alcance, dotar con recursos, capacitación y mayor respaldo institucional al trabajo que muchas mujeres ya venían realizando en el territorio (Informe de resultados, 2023).

En conjunto, estos elementos muestran que los Puntos Violetas constituyen una política pública consolidada en Moreno, con presencia territorial, estructura institucional y reconocimiento comunitario. Sin embargo, la ausencia de información pública desagregada por condición migrante revela un vacío significativo. Es decir, hasta el momento no hay informes públicos que indiquen cuántas de las personas atendidas en Puntos Violetas eran migrantes, su país de origen, su situación administrativa, ni su género y/o estatus migrante. Esta omisión no es menor: puede interpretarse como una forma de invisibilización institucional que refuerza la situación de doble vulnerabilidad que atraviesan las mujeres migrantes.

Una de las problemáticas identificadas durante la pandemia fue la disminución en la continuidad de la red afectiva y comunitaria. El principal desafío inicial consistió en el pasaje de la presencialidad a la virtualidad, lo que motivó la creación de un dispositivo grupal por WhatsApp. Según relata la entrevistada, “el grupo solo se abría los lunes a las dos de la tarde y se cerraba a las tres y media; en ese rato trabajábamos con consignas y todas participaban” (Entrevista funcionaria Moreno, 2023).

Antes de la pandemia, la asistencia presencial rondaba las veinte mujeres, mientras que la modalidad virtual amplió significativamente la participación, llegando primero a cien y luego superando ese número. Este crecimiento se vinculó con la posibilidad de sostener y recrear un lazo social entre mujeres que atravesaban problemáticas similares. Como señala la entrevistada (2023), “lo que le estaba pasando a una, le pasaba a las demás”, lo que favoreció la consolidación de una red comunitaria y de apoyo mutuo que permitió compensar los efectos de aislamiento y fragmentación social provocados por la emergencia sanitaria.

Tras la pandemia, el trabajo grupal con mujeres en el municipio de Moreno atravesó transformaciones significativas que aún se sostienen en la actualidad. Sin embargo, con el retorno a la presencialidad, la asistencia disminuyó de manera marcada: de veinte participantes por encuentro se pasó a alrededor de quince. Esta reducción se explica por múltiples factores que afectan de manera diferencial a las mujeres: responsabilidades laborales, tareas de cuidado, cargas domésticas y dificultades económicas relacionadas con el traslado al centro de Moreno, donde se realiza el dispositivo.

Con el objetivo de sostener la participación, el equipo implementó una modalidad semipresencial —un encuentro presencial y uno virtual de manera alternada— que permitió conciliar estas limitaciones. En los encuentros presenciales, observaron un fenómeno novedoso: las mujeres comenzaron a organizarse según su procedencia territorial. “Cinco de Cuartel V, cinco de Moreno Norte… ya venían agrupadas, como subgrupos barriales” (Entrevista Funcionaria Moreno, 2023). Este surgimiento de redes por barrio constituye, un efecto directo del período pandémico, que fortaleció la comunicación y la organización comunitaria entre las participantes. La permanencia de un dispositivo grupal por WhatsApp, instaurado durante la pandemia y aún vigente, funciona como espacio de acompañamiento, consulta y sostén cotidiano. Allí se registra una participación muy superior a la presencial: “El lunes se conectaron setenta mujeres… en cambio, al próximo presencial seguro irán veinte” (Entrevista funcionaria Moreno, 2023). Esta brecha evidencia tanto la efectividad de los recursos digitales como su relevancia para garantizar accesibilidad y continuidad en políticas locales de género.

El testimonio de A. —referente barrial de Cuartel V, de origen peruano— permite situar de manera encarnada el cruce entre migración, género y organización comunitaria en Moreno. Llegó a la Argentina escapando de una situación de violencia de género, trabajó como empleada doméstica “con cama adentro” y, tras varios desplazamientos por el Gran Buenos Aires, logró construir su vivienda, participar activamente en la construcción del barrio y convertirse en un apoyo clave para mujeres en situaciones similares. En su relato menciona las dinámicas cotidianas de violencia, los problemas de seguridad, la diversidad migrante del barrio y la importancia de que el Estado intervenga en los conflictos locales. Al preguntarle por los Puntos Violeta, A. señala que su labor de acompañamiento a mujeres antecede la llegada del dispositivo municipal: “Nosotros desde antes que exista el Punto Violeta… yo ya tenía atención a las mujeres”. La incorporación al programa, explica, no transformó sustantivamente su práctica: “¿Ahora que soy Punto Violeta qué cambió? Nada. Para mí nada”. Lo que sí identifica es un efecto territorial: la presencia del Punto Violeta parece generar cierta inhibición entre los varones del barrio —“ojo, acá hay un Punto Violeta, ojo que está A. también” (2023), consolidando su autoridad local. Sin embargo, aun siendo una mujer migrante que forma parte del programa, su relato no incorpora ninguna dimensión específica vinculada al acceso de mujeres migrantes ni a necesidades particulares asociadas a la movilidad, al estatus migratorio o a barreras culturales. Esta ausencia no niega la importancia de su trabajo comunitario; más bien confirma el vaciamiento que señalamos a lo largo del trabajo: la falta de un enfoque migrante dentro de políticas de género que, aun cuando incluyen a mujeres migrantes como referentes territoriales, no tematizan sus trayectorias ni sus desigualdades específicas.

Discusión y conclusiones

Al igual que en otros contextos, estos dos casos evidencian que el Estado se apoyó fuertemente en tecnologías digitales —principalmente el teléfono celular, a través de WhatsApp y de las redes del municipio— para mantener el contacto con la población, ofrecer asistencia y, al mismo tiempo, sostener distintas formas de vigilancia. Durante la pandemia, estas herramientas fueron presentadas como dispositivos de cuidado, aunque también funcionaron como mecanismos de control en la vida cotidiana. La literatura evidencia que cuidado y vigilancia son prácticas entrelazadas: no pueden separarse de manera tajante (Miller, et. al., 2021). La vigilancia puede surgir de una preocupación genuina por la salud y la seguridad (como por ejemplo, monitorear situaciones de violencia o abuso), pero también puede volverse invasiva, limitar autonomías o reproducir desigualdades, en particular en contextos de extrema vulnerabilidad.

No obstante, tanto en el caso del 0800 en La Matanza como en los Puntos Violetas de Moreno, se vuelve evidente una tensión transversal en el diseño e implementación de estas políticas: la población migrante no aparece reconocida de manera explícita como sujeto de las intervenciones estatales en materia de género. Esta ausencia constituye en sí misma una forma de exclusión simbólica e institucional que conviene problematizar, ya que refuerza los vacíos que analizamos a lo largo del artículo. La falta de información pública sobre si estos dispositivos fueron diseñados teniendo presente la dimensión migratoria, así como el silencio que emerge en las entrevistas realizadas respecto del uso efectivo por parte de mujeres migrantes, se vuelve un dato significativo: puede indicar barreras específicas de acceso vinculadas al estatus administrativo, el idioma, la desconfianza institucional o la limitada circulación de información. Estas omisiones revelan que, aun cuando las políticas se territorializan y adoptan herramientas digitales, no necesariamente logran integrar las necesidades, trayectorias y vulnerabilidades propias de las mujeres migrantes, lo que profundiza su situación de desprotección.

Paralelamente, a nivel comunitario, diversos programas impulsados por organizaciones territoriales articularon asistencia jurídica con acompañamiento psicosocial, especialmente dirigido a mujeres migrantes en situaciones de violencia. Las festividades religiosas y culturales —como celebraciones del Día del Migrante, devociones marianas o rituales andinos— se resignificaron como espacios de cohesión identitaria y de resistencia simbólica, incluso cuando se desarrollaron en modalidad virtual durante la pandemia (Melella & Perret, 2021). Al mismo tiempo, comedores, ferias populares y redes de cuidado sostenidas por colectivos feministas y barriales pusieron de relieve la centralidad de las mujeres migrantes en la reproducción social y en la gestión cotidiana de la vida comunitaria.

El análisis comparado de La Matanza y Moreno permite comprender cómo, en un contexto de crisis sanitaria y profundización de desigualdades estructurales, las políticas locales hacia mujeres migrantes se configuraron en la intersección entre capacidades institucionales, recursos comunitarios y mediaciones tecnológicas. El abordaje conjunto de discursos oficiales, estrategias institucionales locales y prácticas territoriales muestra la persistencia de tensiones entre inclusión formal y exclusión cotidiana, así como la emergencia de estrategias híbridas que intentaron sostener el acompañamiento en condiciones de alta incertidumbre.

Se confirma nuestra primera hipótesis pues la migración no constituye un eje autónomo en las estructuras municipales, sino que aparece subsumida en áreas de género, derechos humanos, cultura o desarrollo social. Se observó la falta de oficinas, direcciones o programas específicos para población migrante en articulación con otros niveles estatales. Asimismo, la derivación sistemática de demandas hacia áreas cuya misión principal no es migratoria (género, niñez, acceso a la justicia). También, la dependencia de gestiones externas (DNM, consulados y defensorías), fragmenta la atención. Se percibió cierta ambivalencia discursiva ya que mientras los sitios web promueven inclusión y diversidad, los instrumentos administrativos reproducen obstáculos como requisitos documentarios rígidos y ausencia de procedimientos diferenciales.

En consecuencia, la problemática migratoria se aborda de manera reactiva y casuística, más asociada a urgencias (violencia de género, documentación, asistencia social) que a políticas estratégicas. Las mujeres migrantes, en particular, llegan al Estado municipal a través de circuitos pensados para otras poblaciones, lo que refuerza su exposición a trámites más lentos, menor previsibilidad y mayor vulnerabilidad. A pesar de que el conurbano bonaerense es históricamente un espacio profundamente configurado por la migración —cuya presencia ha sido constitutiva en términos sociales, culturales y económicos—, las políticas sociales implementadas durante la pandemia de COVID-19 evidenciaron un déficit en la consideración de esta población. Si bien se desplegaron programas nacionales, provinciales y municipales orientados a la emergencia, la especificidad de las experiencias migratorias quedó en gran medida invisibilizada. El acceso condicionado a la documentación, las dificultades para la inscripción digital, la sobrecarga de tareas de cuidado y la inserción laboral precaria afectaron de manera desigual a este colectivo que, con frecuencia, quedó por fuera de los dispositivos de asistencia. El caso de las mujeres migrantes profundiza esta tensión entre el peso histórico de la migración en el territorio y su escasa centralidad en las políticas públicas recientes permitiendo problematizar los límites de los enfoques universalistas y la necesidad de perspectivas interseccionales.

En consecuencia, la segunda hipótesis —la pandemia como aceleradora de un viraje digital— se ha cumplido parcialmente. Si bien en ambos municipios, la digitalización se transformó en un mecanismo central de continuidad institucional, lo fue de forma puntual y con “voluntarismo” y no como política pública focalizada a atender las particularidades que emergen del cruce entre género y migración. En La Matanza, la línea 0800 y los dispositivos de seguimiento por WhatsApp se consolidaron como puerta de entrada y como mecanismo estable de gestión de casos incluso en el período pospandemia. En Moreno, el uso de grupos de WhatsApp no solo permitió sostener el lazo comunitario, sino que generó una participación más amplia que la presencial. La modalidad híbrida surgió como respuesta a obstáculos económicos y de cuidados que afectan especialmente a mujeres migrantes.

Sin embargo, este viraje no configuró un sistema público digital inclusivo. Persisten brechas de conectividad, alfabetización, acceso a dispositivos y habilidades para navegar los sistemas estatales. Estas limitaciones no se explican solo por la disponibilidad de programas, sino también por restricciones documentarias, desigualdades tecnológicas y la ausencia de un diseño institucional capaz de articular género, migración y digitalidad.

Su identificación constituye un aporte relevante para el estudio de las políticas sociales locales, al mostrar cómo las soluciones tecnológicas estatales —frecuentemente orientadas desde un solucionismo tecnológico vertical— funcionan simultáneamente como herramientas de cuidado y como dispositivos de vigilancia, reproduciendo tensiones ya señaladas por la literatura (Miller et. al., 2021).

A partir de las fuentes analizadas, y poniendo el foco en la población migrante de ambos municipios —en particular en las mujeres— se advierte que las limitaciones estatales en materia de digitalización entran en tensión, pero también se complementan, con los usos creativos que las propias comunidades desarrollaron durante la pandemia. En efecto, las mujeres migrantes utilizaron de manera estratégica diversas TIC para sostener vínculos, cuidados y formas de supervivencia, generando respuestas “desde abajo” que compensaron, aunque de manera desigual, los vacíos dejados por la digitalización estatal.

Los testimonios recogidos muestran que la solidaridad barrial y las redes comunitarias funcionaron como mecanismos clave para suplir los déficits de presencia estatal en un contexto de emergencia sanitaria. Si bien existieron iniciativas gubernamentales puntuales —como los Puntos Violeta, los grupos de WhatsApp y la línea 0800— su alcance fue limitado debido a carencias estructurales persistentes: insuficiente conectividad, dificultades para acceder a intranet municipal y ausencia de programas específicos para el abordaje de la violencia de género con perspectiva migratoria.

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Notas

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Roles de autoría: Las autoras tuvieron a cargo todas las tareas. Manifiestan no tener conflictos de interés alguno.: .

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